Merck & Co demandó el martes al Gobierno de Estados Unidos, solicitando una orden judicial contra el programa de negociación de precios de medicamentos contenido en la Ley de Reducción de la Inflación (IRA), que dice que viola la Quinta y la Primera Enmiendas de la Constitución.
Es el primer intento de un fabricante de medicamentos de impugnar la ley, que, según la industria farmacéutica, supondrá una pérdida de ganancias que les obligará a frenar el desarrollo de tratamientos innovadores.
La reforma de los precios de los medicamentos del Gobierno del presidente Joe Biden pretende ahorrar 25.000 millones de dólares anuales de aquí a 2031 mediante la negociación de precios para Medicare.
La demanda, presentada ante el Tribunal de Distrito de Columbia, alega que, en virtud de la ley, las farmacéuticas se verían obligadas a negociar los precios de los medicamentos del programa gubernamental de seguro médico Medicare por debajo de los precios de mercado.
Merck afirma que esto viola la parte de la Quinta Enmienda que exige que el gobierno pague una compensación justa por la propiedad privada tomada para uso público.
Después de que el gobierno publicó su hoja de ruta para la negociación de precios en marzo, grupos de presión de la industria y abogados dijeron a Reuters que era probable que los fabricantes de medicamentos presentaran demandas argumentando que el gobierno no está cumpliendo con la Constitución de Estados Unidos.
“La IRA utiliza sanciones severas para requisar medicamentos mientras se niega a pagar su valor justo, y luego coacciona a los fabricantes para que sonrían, sigan el juego y finjan que todo forma parte de un intercambio ‘justo’ y voluntario”, dijo Merck.
La farmacéutica también argumenta que la ley obligará a las empresas a firmar acuerdos en los que admitan que los precios son justos, lo que, según afirma, constituye una violación de las protecciones de la Primera Enmienda a la libertad de expresión.
Merck presentó su demanda contra el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), así como contra el secretario del HHS, Xavier Becerra, y la administradora de los CMS, Chiquita Brooks-LaSure. El HHS y los CMS no estuvieron disponibles de inmediato para hacer comentarios.
