Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, afirmó que nadie puede hacer que alguien firme algo que lo haga renunciar a sus derechos.
La organización global Amnistía Internacional, le reclamó este jueves al Gobierno argentino información sobre los miles de argentinos que están varados en el exterior por las restricciones que impuso al limitar el cupo de personas que puede ingresar al país, y consideró que el Gobierno de Alberto Fernández está cometiendo una violación a los derechos humanos. Mariela Belski señaló que comenzaron a recibir denuncias de gente varada que duerme en el aeropuerto y se debe hacer PCR todos los días, e indica que la restricción en Argentina no se encuentra contemplada en una ley.
Ante la situación que atraviesan los ciudadanos, la entidad realizó un pedido de informe a Jefatura de Gabinete de la Nación, al Ministerio del Interior y a Cancillería para conocer detalles sobre las consecuencias de las restricciones impuestas para el reingreso al país. Además, Amnistía Internacional solicitó una reunión con el jefe de Gabinete y el ministro del Interior para dialogar y brindar aportes desde una perspectiva de derechos humanos.
La medida del cupo de 600 plazas diarias para el reingreso a territorio nacional de argentinos, argentinas y residentes que se encuentren en el exterior, a través de vuelos pasajeros, se comunicó el 26 de junio, en base a la Decisión Administrativa 643/2021 de la Jefatura de Gabinete de la Nación, en la Argentina, como forma de prevenir el ingreso de nuevos casos de la variante Delta de COVID-19. Pero, se señala que al menos 10 mil personas salieron del país la semana previa a la implementación a la medida. La Amnistía internacional Argentina está dando a conocer casos de diferentes personas varadas en el extranjero para revelar la importancia de sus derechos y remitirá esa información a las autoridades.
La organización desea que el jefe de Gabinete vea los casos documentados para que se cumpla la ley y examine la injusticia e incómoda situación que se ha impuesto hacia viajeros que salieron del país antes de la implementación de la medida. La organización hace énfasis en que nadie puede hacer que alguien firme algo que lo haga renunciar a los derechos.
