Este caso data de 2019, año en que la Comisión Europea, señaló que Alphabet, empresa matriz de Google, había abusado de su posición dominante en la industria a partir del producto llamado AdSense for Search.
Dicho producto, de acuerdo con los reguladores, permitía a los propietarios de páginas web mostrar anuncios en los resultados de búsquedas de sus sitios, pero también excluía el uso de otros intermediarios limitando las herramientas a los productos de Google.
En su defensa, la empresa señaló que este caso únicamente se refería a un pequeño subconjunto de anuncios de búsqueda de texto colocados en un número limitado de sitios web, por lo que el impacto no era tan alto como señalaba la Comisión Europea.
Las prácticas ilegales, según la demanda, sucedieron entre 2006 y 2016, pero un vocero de la compañía dijo que en 2016, precisamente, habían modificado sus contratos para eliminar las cláusulas que pudieran ser consideradas anticompetitivas, incluso antes de que iniciara el caso.
Cabe resaltar que el caso no ha llegado a su punto final, pues la Comisión todavía tiene la posibilidad de apelar la decisión y prolongarse a través del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Si llegase a suceder eso, sería un duro golpe para Google, la cual recibió una multa de 2,650 millones de dólares la semana pasada por abusar de su lugar dominante y favorecer su propio servicio de comparación de compras.
A pesar de que esta decisión es una derrota para la UE, demuestra que el bloque es uno de los entes más críticos de las grandes empresas de tecnología. La semana pasada, por ejemplo, determinó una multa de 14,400 millones de dólares hacia Apple.
Esta decisión surgió de un fallo de 2016 de la Comisión Europea que acusaba a Irlanda de otorgar beneficios fiscales ilegales a Apple. El caso iba en torno al antiguo régimen fiscal de Irlanda, conocido como el esquema «Double Irish», que permitía a las multinacionales como Apple reducir drásticamente sus obligaciones fiscales.
La Comisión Europea concluyó que la empresa de Cupertino se benefició de dos resoluciones fiscales en Irlanda entre 1991 y 2007 que redujeron artificialmente su tasa impositiva, llegando al 0.005% en 2014.
Este arreglo permitió a Apple evitar miles de millones en impuestos al canalizar ganancias a través de subsidiarias en Irlanda, pero con impuestos en otros lugares. El regulador consideró esto como ayuda estatal ilegal que distorsionaba la competencia en la UE.
