EFE.- La multinacional estadounidense ExxonMobil ha demandado a la Unión Europea (UE) para intentar bloquear el nuevo impuesto a los beneficios extraordinarios de las petroleras, al considerar que Bruselas se ha excedido en su autoridad legal para imponer el gravamen.
Según ha adelantado el Financial Times, las filiales alemana y holandesa de Exxon han presentado este miércoles la demanda en el Tribunal General de la Unión Europea, en la que la compañía objeta que la Comisión y el Consejo de la UE hayan hecho uso de sus poderes de emergencia.
Estos poderes se regulan en el artículo 122 del Tratado de Funcionamiento de la UE, donde se establece que los Estados miembros podrán aprobar legislación directamente en la Comisión, sin pasar por el Parlamento europeo, “en particular si surgen dificultades graves en el suministro de ciertos productos, especialmente en el área de la energía”.
No obstante, en su demanda la compañía ha argumentado que el impuesto a los beneficios extraordinarios de las compañías no solucionará la escasez de suministro, por lo que la Comisión y el Consejo se equivocaron al usar sus poderes de emergencia.
Exxon, que calculó en noviembre que este nuevo gravamen le supondrá 1,882,6 millones de euros (2,000 millones de dólares), ha destacado que el impuesto es “contraproducente” y que socavará “la confianza de los inversores, desalentará la inversión y aumentará la dependencia de la energía importada”.
Los gobiernos de la Unión Europea pactaron en septiembre nuevas medidas de emergencia para abaratar las facturas de la luz entre las que se incluyó un nuevo impuesto a las petroleras, definido como la “contribución solidaria”, por el que se gravará un 33 % de los beneficios extraordinarios de empresas petroleras, gasísticas y del sector de la refinería tanto de 2022 como de 2023.
En el texto, la UE definía esas ganancias como los beneficios que superen el 20 % de la media registrada en los últimos cuatro ejercicios.
Con el nuevo tope sobre los beneficios extraordinarios a las energéticas, entre los que se incluyen el límite al precio de las renovables y esta tasa, la Comisión Europea estimaba recaudar 140,000 millones de euros.
El Tribunal General tendrá que decidir ahora si se pronuncia sobre la demanda de la compañía, en un proceso que podría llegar al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y prolongarse durante gran parte de 2023, según el Financial Times.
