El gobierno de Argentina ha cometido varias equivocaciones en materia de política exterior, se le ha reclamado una constante interpretación errónea de las situaciones. Pues Argentina sumó un nuevo desacierto en materia de política internacional, en cuanto a los errores de Venezuela en materia de derechos humanos.
La abstención a la condena de la dictadura de Ortega, coloca a Argentina del lado del castro chavismo y de las dictaduras populistas de América Latina, junto a Cuba y Venezuela, el populismo boliviano y el “pseudo” populismo de México. Y pronto se sumará Perú.
La Abstención en la OEA (Organización de Estados Americanos), supone un desconocimiento total, de las normas y principios del Derecho Internacional. El voto de Argentina, más allá de motivos ideológicos y políticos, hay que caracterizarlo dentro de la incompetencia.
Unos 26 países han condenado al régimen de Ortega, exigiendo la inmediata liberación de los precandidatos presidenciales y presos políticos. Argentina compartió su abstención junto a Belice, Dominicana, Honduras y México. Un dato que no es menor: los países socios del Mercosur, Brasil, Uruguay y Paraguay, ( y Chile), votaron en contra de Nicaragua.
El gobierno de Ortega no reconoció la responsabilidad del Estado por múltiples violaciones de derechos humanos, homicidios y detenciones arbitrarias, cometidas desde abril de 2018, casi tres años después de las protestas sociales en Nicaragua. También implementó múltiples restricciones de libertad de expresión, había falta de independencia judicial y no había transparencia ni rendición de cuentas, entre otros aspectos negativos que retrasaron e hicieron daño a una nación.
En el mismo Informe, que la diplomacia Argentina ignoró, se realizan una serie de recomendaciones, invitando al gobierno de Nicaragua y a la oposición al diálogo, fundado en normas internacionales de derecho humanos.
Se exhortó a Nicaragua a adoptar un Plan de Acción para implementar las recomendaciones del Informe de 2019, previo al último de Febrero de este año; se exhortó a la liberación inmediata de todas las personas privadas de manera arbitrariamente de su libertad, la protección de las libertades civiles de expresión, de asociación y reunión, y de abogados defensores de derechos humanos, líderes comunitarios, periodistas y trabajadores de medios de comunicación. Y la plena vigencia de los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos.
