La Corte Electoral uruguaya recibe 700,000 firmas este jueves contra una ley aprobada por el gobierno de Luis Lacalle Pou que cambió las condiciones para ajustar precios de combustibles, desalojos, el rol de las empresas públicas, el proceso penal y permite pagar bienes en efectivo con hasta 100,000 dólares, entre otros casi 500 artículos.
Lucía Griotti, de 23 años, ha recolectado firmas a travees de transeuuntes que pasan por la calle de un supermercado poco transitado. escruta los pocos transeúntes que pasan por un supermercado poco transitado. El miércoles fue el último día para recolectar adhesiones que impulsen un referéndum contra la columna vertebral legislativa de la coalición de gobierno de Lacalle Pou, la llamada Ley de Urgente Consideración (LUC).
Existen 500 artículos sobre el rol del Estado en economía, educación, trabajo y diversos asuntos, entre ellos, la desmonopolización de los servicios esenciales administrados por el gobierno, como agua, electricidad, telefonía, internet y otros.
El presidente uruguayo dijo que la ley 18.889 era “popular, justa y necesaria”, pero Griotti no piensa lo mismo. “Sobre todo en barrios periféricos, mucha gente no tiene idea qué es la LUC”, dice a The Associated Press. “Uruguay se merece un debate y una instancia de votación con población informada”, opina.
El trabajo de hormiga de miles de personas como Griotti consiguió la adhesión del 25% de los electores para habilitar un referéndum.
La LUC, fue la principal arma de la colación de derecha para cumplir las promesas de campaña. El combo legislativo incluyó asuntos tan disímiles como la creación de comisiones para reformar el sistema de jubilaciones, desmonopolización de hidrocarburos, ampliación de las potestades policiales en investigaciones judiciales, comprar bienes en efectivo hasta 100,000 dólares, que las carnicerías mezclen sus propios embutidos o que los usuarios de telefonía móvil cambien de operador manteniendo su número telefónico. También reguló los alquileres previendo el desalojo de malos pagadores en seis días y de buenos inquilinos en un mes cuando antes había un año de tolerancia.
Además, elevó las penas de varios delitos, hizo inexcarcelables los de drogas y eliminó las salidas transitorias para ciertos crímenes. También ajustó las tarifas según el precio internacional de los hidrocarburos y otras paramétricas. Además, creó una rígida regla fiscal para las cuentas públicas.
La LUC buscaba garantizar el accionar policial según sus impulsores, pero la Comisión entiende que ha dado lugar a discrecionalidad en el accionar policial, institución fuertemente cuestionada por corrupción y episodios de uso desmedido de la fuerza.
La LUC se votó bajo prohibición del derecho constitucional a la reunión, todavía vigente por la pandemia. Llegar a las firmas mientras Uruguay se mantuvo por más de dos meses como uno de los países con más fallecidos per cápita del mundo “fue un esfuerzo gigante e invisible”, dice Soledad González, vocera de la Comisión.
Este jueves se presentarán las firmas ante la Corte Electoral que debe iniciar un proceso para validarlas, fijar una fecha y llamar a referéndum en 120 días luego de contabilizar las firmas.
