Meta empezará a ofrecer suscripciones de 9,99 euros (para suscriptores vía web) y 12,99 euros (vía app) a sus usuarios ubicados en la Unión Europea para usar Instagram o Facebook sin ver anuncios. La compañía sigue creyendo que su modelo de anuncios personalizados es la base de su negocio y que es útil para pequeños negocios y usuarios “Como otras empresas, seguiremos abogando por una internet con publicidad, incluso con nuestra nueva oferta de suscripción en la UE”, dice Meta en un comunicado, hecho público hoy lunes. “Pero respetamos el espíritu y el propósito de las regulaciones europeas en evolución y estamos comprometidos a cumplirlas”, añade.
Hasta marzo de 2024, la suscripción cubrirá todas las cuentas de un usuario. A partir de entonces se aplicará 6 euros en web y 8 euros vía app por cada cuenta extra. La red podrá usarse en cualquier soporte independientemente de donde se haga la suscripción: quien la haga vía web podrá usar su móvil por el mismo precio. Meta hace esta distinción de precios para hacer pagar al usuario las tarifas que imponen Apple y Google en sus App Store y Play Store.
Esta medida es una respuesta de la compañía dirigida por Mark Zuckerberg al cerco que se está poniendo desde Bruselas al rastreo no consentido de la actividad de los usuarios para servirles publicidad personalizada.
“La opción de la suscripción sin publicidad responde a los requisitos de los reguladores europeos al tiempo que ofrece a los usuarios opciones y permite a Meta continuar sirviendo a todas las personas en la UE, el Espacio Económico Europeo y Suiza”, dice el comunicado de Meta. “En su sentencia, el TJUE reconoció expresamente que un modelo de suscripción, como el que anunciamos, es una forma válida de consentimiento para un servicio financiado con publicidad”. Ejecutivos de Meta transmitieron este plan en septiembre a la autoridad de protección de datos de Irlanda, país en el que el gigante tecnológico tiene su sede europea, y a las autoridades de competencia de Bruselas.
La medida se parece a la que medita poner en marcha Elon Musk, dueño de X, en su red social. Aunque, en el caso de la antigua Twitter, el motivo de exigir un pago a cambio del uso sería combatir el ejército de bots que habita en la plataforma.
El planteamiento de Meta busca afrontar los requerimientos de la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas inglesas) de la UE, que pretende “poner fin a las prácticas desleales” de los gigantes de la economía digital. Meta es uno de los seis colosos tecnológicos a los que va dirigida esa normativa, que les somete a obligaciones como tener que facilitar la interoperatividad o que los usuarios tengan la posibilidad de dar su consentimiento (o no) antes de que estas plataformas puedan intercambiar sus datos entre servicios de la misma compañía (por ejemplo entre Facebook y WhatsApp).
El modelo de negocio de Meta vive precisamente de procesar y explotar esos datos: “Creemos en una Internet basada en publicidad, que brinde a las personas acceso a productos y servicios personalizados independientemente de su situación económica. También permite a las pequeñas empresas llegar a clientes potenciales, hacer crecer sus negocios y crear nuevos mercados, impulsando el crecimiento de la economía europea”, dice Meta en su comunicado. El detallado conocimiento que tiene de la actividad digital de cada uno de sus usuarios es muy valioso para los anunciantes, que pagan por poder llegar a perfiles muy determinados y acotados.
Meta estima que sus ingresos en Europa ascendieron a unos 17,07 euros por usuario de Facebook en el segundo trimestre del año, o unos 5,73 euros mensuales de media por usuario en todas sus aplicaciones. El plan de suscripciones presenta unas tarifas similares.
La compañía estadounidense tiene varios frentes legales abiertos en Europa. El regulador de datos irlandés impuso en mayo una multa de 1.200 millones de euros, la mayor de la historia, por infringir la normativa de privacidad. En febrero de 2022, la compañía amenazó con llevarse Facebook e Instagram de Europa si Bruselas le obligaba a tener que alojar en territorio comunitario los datos sobre ciudadanos europeos.
