Anda revolucionado el sector audiovisual en España. En realidad lleva ya tiempo, desde que llegó Netflix allá por 2015 y el mercado empezó a bullir con nuevas producciones que, por primera vez, traspasaban nuestras fronteras y se colaban en las listas de “lo más visto” en otros países. Seis años después se da un contexto de mercado lo suficientemente atractivo para que el Gobierno lance un ‘Plan de impulso al sector audiovisual’, identificándolo como sector estratégico. Este plan incluye cambios normativos acordes a la nueva realidad del mercado y a los nuevos modelos de negocio en una hoja de ruta con 15 medidas orientadas al incremento del 30% de la producción audiovisual en España para el año 2025.
Sin embargo, no todo el mundo en la industria parece satisfecho. Los productores independientes han alzado la voz pidiendo al Gobierno protección legislativa para regular su relación con las plataformas digitales, y algunos han exigido redefinir su estatus en la industria y una defensa del patrimonio audiovisual español centrada en porcentajes para las producciones en lenguas cooficiales. La cuestión es el papel del productor independiente y la protección y fomento de la cultura. Pero ¿un mayor impulso a la industria audiovisual no conlleva una mayor defensa del patrimonio cultural? Vayamos por partes.
Desde que Netflix llegara a nuestros hogares en 2015, el mercado de TV de pago y plataformas de video bajo demanda no ha parado de crecer. Si entonces la CNMC contaba 5,5 millones de suscripciones a la TV de Pago, en su informe de 2020 son ya más de ocho millones de abonados, sin incluir los otros ocho millones que estima alcanzan los gigantes del streaming como Netflix, Amazon, HBO y Disney+ (lo estiman porque hasta ahora no tienen obligación de dar datos regulares al organismo por no tener sede en España). Es decir, el mercado de las suscripciones de pago se ha, prácticamente, triplicado.
Un pelotazo global llamado ‘La casa de papel’
Evidentemente, una mayor competencia entre plataformas y la lucha por atraer y fidelizar a los clientes conlleva un mejor y mayor catálogo audiovisual disponible, con una alta tasa de refresco. Uno de los efectos de la llamada “guerra del streaming” es el aumento de la producción audiovisual en todos los países en los que las plataformas se han establecido, eliminando las barreras de distribución internacionales y globalizando el mercado. Son las plataformas las que tiran de la producción local.
En España también ha habido un impacto importante en la producción audiovisual en los últimos años, concretamente en las series de ficción. De hecho 2020 ha sido uno de los mejores años por volumen de series nacionales emitidas y por la variedad de géneros. Según datos de GECA, el 75% estrenadas en plataformas digitales. Éxitos como Antidisturbios, Patria, Veneno, 30 monedas, El Cid, Caminantes, La Unidad y El desorden que dejas nos han acompañado durante todo el año.
Hay que tener muy en cuenta la calidad de la ficción nacional y el alto puesto que ocupa en el ranking internacional. La casa de papel, creada por Álex Pina y uno de los mayores éxitos de Netflix, se ha convertido en caso de estudio internacional por ser, en el estreno de su quinta temporada, la serie más demandada globalmente de cualquier plataforma, según datos de Parrot Analytics. Y además se ha mantenido estos años entre las series más populares de Netflix en el mundo, convirtiéndose así en todo un fenómeno cultural.
El cine, que tradicionalmente ha gozado de mayor relevancia por su componente cultural, no ha sufrido el mismo incremento en número de obras producidas, pero se ha visto beneficiado por la aparición de nuevas ventanas de explotación y por tanto fuentes adicionales de financiación.
España, ‘hub’ audiovisual’
A la vista de la revolución que la industria audiovisual ha experimentado a nivel global gracias a las plataformas digitales y la buena posición del sector en nuestro país, el Gobierno ha lanzado la iniciativa estratégica más importante hasta la fecha: el plan “España, hub audiovisual de Europa”. Tras ser presentado en marzo por el presidente Pedro Sánchez y promovido por él mismo en visita a Estados Unidos en julio, el pasado miércoles se hizo una presentación del ‘Plan de Impulso’ dentro del marco del 69ª Festival de Cine de San Sebastián.
El plan del gobierno de Sánchez está dotado con más de 1.600 millones de euros, que salen principalmente del Fondo Europeo de Recuperación y Resiliencia de la UE, del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del Programa Europa Creativa para el período 2021-2027. La meta es aprovechar las fortalezas del sector para convertir a España y su patrimonio histórico en polo de atracción de la inversión internacional y del talento, y ayudar a las empresas audiovisuales españolas a competir con otros actores con mayor capacidad de financiación en un mercado cada vez más internacional. Se definen quince medidas en torno a cuatro ejes de actuación que permitirán impulsar toda la cadena de valor de la industria audiovisual.
Para poder implementar el plan y ejecutar los fondos, es necesario que se realicen reformas regulatorias que permitan a los agentes competir en igualdad de condiciones, porque la producción audiovisual se globaliza y también se concentra. Por eso el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, buscando establecer un terreno equilibrado para todos y adaptar la Directiva Europea de Servicios de Comunicación Audiovisual de 2018, ha presentado un Anteproyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual que regula el mercado conforme a la nueva realidad.
En la ley aparecen importantes cambios relativos a quienes son sujetos de la obligación de financiación de obra audiovisual europea y recoge finalmente las demandas de los operadores tradicionales para incluir a todos los agentes del mercado, también a las plataformas digitales (los grandes streamers) y las de intercambio de vídeos, ya que compiten por la misma audiencia, independientemente de que las compañías puedan estar basadas en otro país de la Unión Europea.
El temor de los independientes
Con respecto a la obligación de financiación de las empresas que prestan servicios de comunicación audiovisual televisiva con el 5% de sus ingresos, se incrementa el porcentaje de inversión mínima que debe destinarse a productores independientes al 3,5%, se destina el 2% de la financiación al cine de productores independientes y se incorporan medidas para el fomento de obras audiovisuales dirigidas o producidas por mujeres.
Tenemos una de las mejores oportunidades para incrementar la competitividad de la industria audiovisual española y posicionarnos en el mercado internacional, estamos preparados. ¿Cuál es entonces la demanda de los productores independientes españoles? Según la Asociación PATE (Productoras Asociadas de Televisión de España) que agrupa a 40 productoras independientes de televisión y cine, preservar la importancia del productor independiente como motor de la industria audiovisual.
La rápida expansión de la industria parece haber erosionado algunos beneficios de los productores independientes asociados a las ventanas de explotación, a la emisión o a las reproducciones de las obras (dato que las principales plataformas no facilitan) y quieren que la transparencia y el equilibrio que se ha buscado en la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual se aplique también a las relaciones con las operadoras y como tal se refleje. PAP, la Plataforma Audiovisual de Productoras Independientes, va más lejos en sus propuestas, y exige una redefinición de la figura del productor independiente en la ley, además de unos porcentajes para las producciones en lenguas cooficiales.
La ‘propiedad intelectual’ gana peso
Ambos han contado que muchas producciones son propiedad de las plataformas, quienes fijan un porcentaje máximo de lo que va a ganar el productor, que no tiene además derechos de propiedad intelectual sobre la obra, convirtiéndose en mero prestador de servicios, por lo que temen desaparecer. Y es en este punto en el que argumentan que un mayor impulso a la industria audiovisual no conlleva necesariamente una mayor defensa del patrimonio cultural si no se protege la libertad de creación y los derechos morales asociados y se conserva el vínculo económico entre el creador y productor y la obra a través de la propiedad intelectual.
Otro de los efectos de la “guerra del streaming” es la carrera por el desarrollo y adquisición de la propiedad intelectual (PI). Los creadores y productores de contenido son la piedra angular del desarrollo del sector y el talento no es ilimitado. La IP es vital en el negocio audiovisual y en su lucha por la audiencia, y las plataformas son conscientes de ello. Tanto, que deciden con sumo cuidado por qué géneros, nichos e PIs apuestan.
En mayo saltaba la noticia de la compra de MGM por parte de Amazon, una operación estimada en 8,45 mil millones de dólares. Más allá de las 4.000 horas de librería, no pasó desapercibido que Amazon se hacía con los derechos de una de las franquicias más valiosas del mundo: James Bond. La saga del agente secreto más famoso es la cuarta más taquillera de la historia. Eso sí, con condiciones especiales, en las que los propietarios originales de los derechos conservarían el 50% de la PI y mantendrían el control creativo.
Esta misma semana, Netflix anunciaba la compra de The Roald Dahl Story Company Ltd., empresa que gestiona los derechos de todos los libros del famoso escritor de cuentos infantiles como Charlie y la fábrica de chocolate por más de 586 millones de euros según el Financial Times. El objetivo, crear un universo único a través de múltiples contenidos y generar un potente marketing 360 alrededor de las marcas. Porque la PI vale lo que es, y lo que puede llegar a ser. Veremos si se tienen en cuenta en la ley las peticiones de los productores independientes. En palabras de David Zaslav, CEO de Discovery: “Contar historias es en realidad de lo que va todo esto”. Aunque a veces se nos olvide, añado yo.
Fuente: Vozpopuli
