Brasil vive estos días envuelto en una tensa disputa con Elon Musk. Este domingo, un juez del Tribunal Supremo abrió una investigación contra el multimillonario por negarse a bloquear una serie de cuentas en X, la red social anteriormente conocida como Twitter, un desafío a las autoridades que podría suponer un delito de obstrucción a la justicia.
Todo empezó el sábado. Fue entonces cuando el equipo de asuntos gubernamentales globales de la plataforma informó que había bloqueado algunos de sus usuarios por «obligación» del mayor órgano del poder judicial brasileño. «Nos amenazan con multas diarias si no cumplimos», explicaron en un comunicado.
Por ahora, se desconoce qué cuentas se habrían visto afectadas, si bien en otras ocasiones se ha procedido al bloqueo de presuntos propagadores de desinformación y discursos de odio. El juez Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo, dirige la investigación sobre el intento de golpe de Estado de los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro, que en enero de 2023 asaltaron el Palacio presidencial, la Corte Suprema y el Congreso de Brasil tras la derrota de su líder en las urnas. De Moraes también encabeza una ofensiva para limitar el poder de las «milicias digitales» bolsonaristas.
La polémica se intensificó el domingo, cuando Musk desafió la sentencia judicial. En una serie de mensajes en X, el el magnate tecnológico aseguró que reactivaría las cuentas bloqueadas y exigió la «dimisión o impugnación» de De Moraes, una de las mayores autoridades judiciales de Brasil, a quién acusó de «traicionar descarada y repetidamente» la Constitución nacional. También recomendó a los brasileños usar una VPN (red privada virtual) para acceder a Twitter como si lo hiciesen desde otro país. «Como resultado, probablemente perderemos todos los ingresos en Brasil y tendremos que cerrar nuestra oficina allí», añadió Musk.
El desafío del segundo hombre más rico del mundo no quedó sin respuesta. De Moraes añadió a Musk a su investigación sobre la desinformación en Internet y abrió una nueva sobre una posible obstrucción a la justicia. «X deberá abstenerse de desobedecer cualquier orden judicial ya emitida, incluida la realización de cualquier reactivación de perfil que haya sido bloqueada por este Tribunal Supremo», apuntó. De no acatar con la orden, la empresa será multada con 100.000 reales diarios (unos 18.223 euros).
Regulación digital
El rifirrafe entre la justicia carioca y Musk llega en un momento en el que el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva trabaja en una controvertida regulación de las redes sociales en el país que las responsabilizaría de detectar y denunciar el material ilegal que circula por sus plataformas. Compañías como Meta, Google o Telegram han criticado esa propuesta legislativa.
Lula y su Gobierno mostraron su apoyo a De Moraes. «No podemos vivir en una sociedad en la que multimillonarios domiciliados en el extranjero tengan el control de las redes sociales y se pongan en posición de violar el Estado de Derecho, incumpliendo órdenes judiciales y tratos de favor», remarcó Jorge Messias, Fiscal General de Brasil.
Varios expertos han advertido que, en su voluntad de perseguir la desinformación y el discurso antidemocrático, la controvertida regulación digital brasileña podría cercenar la libertad de expresión en el país. Musk ha justiticado su desafío a la justicia enarbolando esa causa. Sin embargo, desde que tomó el control de la antigua Twitter ha acatado más órdenes de censura gubernamental alrededor del mundo (hasta el 83% de los casos, según datos de mayo de 2023) que la anterior directiva. «No podemos ir más allá de las leyes de un país», dijo cuando la plataforma eliminó todo rastro de un documental de la BBC crítico con el primer ministro indio Narendra Modi.